¿Qué acuerdos se pueden impugnar en una Comunidad de Propietarios?

No todos los acuerdos de la Comunidad se pueden impugnar. El funcionamiento de la Junta de Propietarios es esencialmente democrático y en consecuencia en numerosas ocasiones nos veremos obligados a acatar un acuerdo porque ha sido adoptado cumpliendo con todos los requisitos que exige la ley, es decir, porque ha sido anunciado a todos los vecinos para que puedan participar en el debate mediante su inclusión en el orden del día de la convocatoria de la Junta, porque en la fecha y hora señalada había presentes o representados el número de vecinos suficiente para que se diera el quórum, y porque en la votación se sumó el número de votos a favor necesario para alcanzar la mayoría requerida.

 

¿Qué significa impugnar?

Impugnar significa exactamente en este caso interponer una demanda ante el juzgado para que el Juez declare por medio de una sentencia que el acuerdo que la Comunidad de Propietarios ha adoptado no es válido, y en consecuencia no se puede llevar a cabo.


La impugnación es la única vía posible para lograr ese objetivo
. De nada vale simplemente hacer constar nuestra protesta (aunque como veremos es necesario), mandar requerimientos notariales exigiendo que no se lleve a la práctica, impedir por la fuerza que el acuerdo se ejecute -por ejemplo impidiendo la entrada de operarios-, o ponernos en huelga de hambre, por llevar el argumento al absurdo.

La única vía para evitar que se lleve a la práctica un acuerdo con el que no estamos de acuerdo es la impugnación del mismo ante los tribunales.

¿Qué acuerdos se pueden impugnar?

Si cualquier vecino pudiera impugnar cualquier acuerdo de la Junta de Propietarios la administración de la Comunidad sería tarea imposible y se causaría un grave perjuicio al debido mantenimiento y conservación de todos los elementos, pertenencias y servicios comunes a todos los propietarios.

Por ello el art. 18 de la Ley de Propiedad Horizontal exige en su apartado primero que el acuerdo que se pretende impugnar adolezca de alguno de los siguientes defectos:

a) Que sea contrario a la ley o a los estatutos de la comunidad de propietarios.
b) Que resulte gravemente lesivo para los intereses de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios.
c) O bien, que suponga un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo o se haya adoptado con abuso de derecho.

Será el Juez por medio de su sentencia quien decida si efectivamente el acuerdo impugnado adolece de alguno de los defectos que exige la ley para que pueda ser anulado.

Salvo casos de acuerdos flagrantemente contrarios a la Ley o a los Estatutos es difícil saber a priori si un acuerdo adolece de alguno de los defectos citados en el art. 18.1. de la Ley de Propiedad Horizontal. No hay ninguna norma donde se relacionen pormenorizadamente supuestos de acuerdos gravemente lesivos para la comunidad o gravemente perjudiciales para un propietario o adoptados con abuso de derecho. Son los Tribunales los que caso por caso han ido estableciendo los supuestos. Por ello es muy conveniente buscar el asesoramiento profesional de un abogado antes de interponer la demanda, pues sólo el sabrá valorar si esta tendrá posibilidades de éxito o no.

A modo de ejemplo y para que pueda hacerse una idea, podemos citar los siguientes.

a) Contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad de propietarios.

– Los acuerdos adoptados sin constar en el orden del día de la Convocatoria, con lo cual se priva a los vecinos de decidir si acuden o no al debate del mismo.
– Los acuerdos adoptados sin la unanimidad que exige la ley en determinados casos.

b) Que resulten gravemente lesivo para los intereses de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios.

– La condonación de las deudas por cuotas de comunidad
– La autorización de uso en exclusiva de un elemento común por uno o varios propietarios.

c) Que supongan un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo o se hayan adoptado con abuso de derecho.

– La distribución abusiva de cargas y gastos en perjuicio de un grupo de propietarios.
– La denegación injustificada de determinada autorización solicitada por un vecino a la Comunidad.

La casuística es amplísima y variadísima, por lo que es imposible reunir en un artículo una relación pormenorizada de todos los supuestos. Habrá que analizar las circunstancias concurrentes en cada caso para hacer una valoración previa.

En principio sólo podemos apelar en primer lugar al sentido común, el cuál nos hará sentir o intuir si algún acuerdo es justo o injusto, y en segundo lugar y a la mayor brevedad posible desde que el acuerdo se adopte, como hemos dicho, a un abogado.

Fuente: www.forovivienda.com

 

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